Nueva Institucionalidad: que la experiencia supere a los expertos.

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LA SOBERANÍA NO ES DE EXPERTOS

Waldo García Villarroel. Abogado. Miembro del Directorio de Fundación Ciape

La Fundación CIAPE ha venido desarrollando los Conversatorios desde lo Local a lo Global (https://www.ciape.org/conversatorio-estrategico/) en los que, un grupo grande de personas que sentimos el compromiso de aportar desde las experiencias de cada una, nos escuchamos y opinamos libremente en torno a ejes temáticos, con la esperanza de ordenar nuestra reflexión, escribirlas y publicarla. Fundación CIAPE tiene más de 20 años difundiendo y propiciando el derecho a la participación ciudadana, incorporando, cuando la presencialidad física era la única aceptada como instrumento de formación, una metodología de presencialidad en aula virtual, que democratiza el acceso a programas de perfeccionamiento mediante Diplomados o Cursos, que superaran el uso limitado de internet de envío y respuesta de documentos y fórmulas de evaluación que no se apartan de la educación formal, vertical e instructiva.

Esa experiencia es la que nos ha permitido contar con un Conversatorio y nos motiva a seguir impulsando el diálogo iberoamericano.

Es evidente que la pandemia ha impactado a todos los países y más aún a quienes el modelo estrujó para llevarlos a optar por ser consumidores abandonando la ciudadanía, y ofrecerles, como alternativa a sus demandas de bienestar que se transformen en microempresarios endeudados con el sistema, en vez de ser parte de experiencias colaborativas de desarrollo personal y colectivo, donde la solidaridad es escondida en subsidios y bonos y el temor a molestar a los “inversionistas”, que en la práctica sólo aumentaban geométricamente la distancia entre ellos y los más desamparados, con la gravedad de mostrarse al mundo por la vía de los promedios en indicadores que leen por correspondencia electrónica sin percibir, como dijo uno de sus protectores más activos ante la lupa del Coronavirus, que en Chile había hacinamiento y pobreza extrema . Esa realidad que ha sido evidenciada con la misma “lupa” con que se busca el coronavirus, no es reciente y el grito ahogado por los medios oficiales, recién fue percibido el 18 de octubre de 2019.

Allí estaba la explicación para que, desde la recuperación de la Democracia en nuestro país, se ha venido incrementado la desconfianza ciudadana en las instituciones sean políticas o sociales. Se puede constatar que se ha mermado profundamente el interés por lo público dando pie a un consumismo exacerbado de lo no necesario, del individualismo, la desidia respecto de las causas de la distancia en la calidad de vida de sus integrantes, existiendo un sentimiento de lejanía, desinterés e indiferencia a ellas.

Por ello es que el principal símbolo de la ingeniería del oasis, esto es la Constitución no es la excepción. El hito más relevante es la baja participación de la ciudadanía en los procesos electorales, las contradictorias legislaciones referidas a la voluntariedad u obligatoriedad del sufragio y las persistentes evaluaciones negativas de la institucionalidad constatadas en encuestas.

En este espacio, pretendo entregar algunas ideas para apoyar el Conversatorio en este segmento que hemos denominado Nueva Institucionalidad que es la continuación luego de lo que se ha expuesto en Nueva Economía.

¿Qué es la Constitución?

El término constitución deriva del latín cum (con o conjuntamente) y statuere (establecer) (Guía de Formación Cívica, bcn. 2018, p. 125). Esta definición nos reinserta en la esencia de lo que es. Algo que se establece conjuntamente, con otras y otros. Las Constituciones unilaterales no crean sino que imponen a otros una determinada estructura.

Entonces, la primera premisa: La Constitución política es posterior a la formación de nación. Así como la nación o pueblo es el cuerpo etéreo, la Constitución da vida al cuerpo jurídico. Ella viene cuando ya existe una voluntad común. La Constitución, entonces, está lejos de ser una norma de expertos ya que es la traducción de las vivencias de un pueblo que ha llegado a la conclusión y desafío de constituirse jurídicamente en un Estado “para que en definitiva exista Estado y no anarquía o guerra civil.” (Hesse, 1992, p. 8).

Por lo anterior, no resulta justificada la exigencia de “conocer” su articulado para opinar sobre ella, como he escuchado en conversaciones deslegitimadoras de la voluntad soberana. La pregunta que debemos realizar a los soberanos es cuál es la experiencia que en la vida de cada una le produce la norma hoy vigente. La pregunta es cómo “te” afecta una norma vigente determinada.

De otra forma, la nación o el pueblo identitario, son preexistentes al derecho interno, por lo que la Constitución es, en definitiva, la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado, que regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, limitando al poder político y reconociendo u organizando derechos y libertades a las personas que conjuntamente han decidido establecerse en un cuerpo etéreo común.

Atendido esto, una Constitución es necesaria para declarar los principios básicos de organización de un Estado, para indicar las normas mínimas de su organización incluyendo sus instituciones.

En lo formal, es la norma de mayor jerarquía y se diferencia de las demás, porque la establece el poder constituyente originario, es decir, quien detenta el poder soberano para establecer la norma fundante de una sociedad (Kelsen, 1971, p. 326).

 Las teorías constitucionales modernas señalan que, dicho poder soberano radica legítimamente en el pueblo, quien lo delega y revoca directamente.

Al interior de la Constitución, encontraremos, en primer lugar, los valores y principios que son reconocidos por el pueblo soberano, como los fundamentos o espejos que se aplican a las demás normas de ella misma, como son las relativas a la forma de gobierno, su régimen político y administrativo, los derechos o libertades protegidas, las instituciones a las que se le delega parte de la soberanía, entre otras (Serrano, 2012). 

Constitución del 80. 

En 1973, Chile suspende la aplicación de las normas constitucionales provenientes de 1925 y la dictadura comienza a regirse por la Actas Constitucionales dictadas por la Junta de Gobierno, órgano colegiado que en esa época, contó entre sus miembros al Dictador denominándolo Presidente de la Junta Militar de Gobierno. Desde esa fecha, en un acto que traduce confesión, la normativa general (Leyes) se denominan Decretos Leyes y cuando encontraba algún reparo constitucional, se denominaba Acta Constitucional en un esfuerzo de darle fundamento teórico-jurídico.

En 1977 viene a Chile el Observador Internacional de las Naciones Unidas y condena a Chile por las graves violaciones a los derechos civiles y políticos. Esto fue transformado por la Junta Militar de Gobierno, con sus propias disputas de poder, en una oportunidad para separar a la Junta de Militar de Gobierno, del Presidente de la República, para lo que requirió de hacer una nueva constitución que diera cuenta de la identidad que ellos – o más bien sus ideólogos – querían para Chile.

Así, en un nuevo esfuerzo legitimador inútil, se realizó una Consulta en 1978 en las condiciones de restricciones y falta de control electoral (no existía registro electoral, partidos políticos, Congreso Nacional) y con la votación enteramente ilegítima, se llevó a cabo en Estado de Emergencia, con un evidente control electoral oficialista. Abrumadoramente gana la opción SÍ, con un 78,7% .  Resultado de lo anterior, en 1980 se aprobó mediante plebiscito una nueva Constitución. Desde esa fecha dejó de existir los Decretos Leyes y continuó la generación de leyes dictadas por la Junta de Gobierno sucesora del Parlamento y las Actas Constitucionales se incorporaron a su nueva carta fundamental. 

El texto redactado por la llamada Comisión Ortuzar (designado) fue después modificada por el Consejo de Estado, cuyos integrantes también designó. Por último, la Junta de Gobierno revisó esos textos para terminar proponiendo en el Plebiscito del 11 de septiembre de 1980, una nueva Constitución. La opción SI ganó con un 67,04%, con las mismas críticas de legitimidad que se hicieron al referéndum anterior. Desde el 11 de marzo de 1981 comenzó a regir el nuevo texto, por lo tanto, Pinochet dejó de ser el Presidente de la Junta de Gobierno, para ostentar el título de Presidente de la República y a su vez la Junta Militar pasó a ser Junta de Gobierno con funciones del Congreso, separado del Ejecutivo.

El neoliberalismo institucionalizado.

Aunque algunos piensan que no está escrito explícitamente en la Constitución, muchos coinciden en que el principio de la subsidiariedad en materia económica es rector del texto vigente, pues determina el plano en el que se encuentra el Estado respecto del sector privado al participar en la economía. Para el pensamiento filosófico neoliberal, el Estado debe cumplir un rol de apoyo a la iniciativa individual de los agentes económicos permitiendo garantizar que el mercado (oferta-demanda), actúe libremente con regulaciones mínimas e institucionalidad de bajo costo.

Para ello, se dispone en las bases institucionales que el Estado reconoce a los “grupos intermedios” que estructuran la sociedad, a los que garantiza una “adecuada autonomía”. Más en particular al garantizar libertades y accesos a derechos, la subsidiariedad se plasma principalmente en el artículo 19″, n. 21, en que se asegura el derecho a las personas para desarrollar cualquier actividad económica, restringiendo al Estado para desarrollar actividades empresariales sólo si una ley de alto quórum lo permite.

Esta Constitución tiene tres tipos de normas: a) Las del modelo económico, consideradas fundamentales, que sólo podían ser reformadas mediante altos quórums y prolongados procesos, a fin de evitar que mayorías circunstanciales las removieran. Hasta hoy se mantuvieron comenzando a declinar exclusivamente por el despertar ciudadano que termina en la Reforma Constitucional que dispone el “Plebiscito de fojas cero”. b) Otras normas consideradas fundamentales, no económicas, que se lograron modificar el año 2005 con gran impacto en el modelo político del país (fin de senadores institucionales y designados (10 de 38 senadores), remoción de los comandantes en jefe de las FFAA, cambios en el rol de Consejo de Seguridad Nacional que podía destituir al Presidente de la República electo, término del sistema binominal electoral de rango constitucional, entre otros. y c) Finalmente hubo normas consideradas no fundamentales (por ejemplo, período de duración del cargo de Presidente de la República) que pudieron ser en varias oportunidades modificadas.

Nueva Constitución: Oportunidad histórica de cambiar las reglas del juego de nuestra sociedad y aportar los valores y principio

Una de las consecuencias del proceso que abre el 18 de octubre 2019, fue la aprobación de una reforma constitucional que incorpora un nuevo título al capítulo 15º de la vigente, relativo a la reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Esto permite algo que no tiene precedente en la historia de Chile: que la ciudadanía pueda decidir entre mantener la actualmente vigente o elegir representantes para elaborar un nuevo texto constitucional. Desde hace décadas, diversos movimientos sociales e iniciativas legislativas, buscaron establecer un mecanismo de reforma a la Constitución, para que ésta pudiese ser cambiada de forma total o, en otras palabras, para que pudiésemos crear una nueva Constitución.

En octubre del año 2019. Se abre un amplio y masivo debate sobre el cambio constitucional; lo que comienza a abrir paso a un momento constituyente. Es entonces, cuando se acuerda un itinerario para reemplazar la Constitución vigente, el cual fue aprobado en el Parlamento, promulgando la ley n° 21200, (modificada por la ley 21221) que dispone los cuatro momentos constituyentes. Es relevante para los debates actuales señalar que, modificar esos itinerarios requiere de 2/3 en el Parlamento cuestión que, espero, no se logre bajo amedrentamiento o discursos deslegitimadores.

El primero consta de un Plebiscito de entrada, que tendrá lugar el 25 de octubre del 2020; en este Plebiscito, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera, para definir si Aprueba o Rechaza una nueva Constitución. 

La segunda cédula, que responderán tanto los que hubieren aprobado como los que rechazaron la primera pregunta, contendrá el mecanismo u órgano de redacción de la Nueva Constitución. Se darán dos posibilidades, según la voluntad de elegir a parte o todas las personas integrantes del equipo de redacción. La Convención Mixta Constitucional permite que sea sólo una parte elegida y el remanente integrado por Parlamentarios igualando la actual representación entre oficialismo y oposición. La segunda, la Convención Constitucional, en cambio, será integrada exclusivamente por personas elegidas popularmente. En este último mecanismo se logró por reforma, que deba existir paridad de género e integración de pueblos originarios.

El segundo momento del proceso constituyente, en caso de resultar mayoritaria la opción Apruebo, será en abril de 2021, fecha en que se realizarán las elecciones de los integrantes del órgano constituyente. Si, por el contrario, gana la opción Rechazo, se mantiene la actual Constitución del 80, con sus propios mecanismos de reforma.

En este segundo momento sería, por tanto, el momento en que, como ciudadanas y ciudadanos, escogemos según nuestro distrito, los representantes para la elaboración de una nueva Constitución. 

El tercer momento, será el de redacción de la nueva Constitución, consagrándose que el tiempo de redacción será de nueve meses, prorrogables hasta por tres meses más, esto es abril de 2022. En esta etapa, la Comisión podrá convocar diversos movimientos y personas en audiencias.

Por último, el cuarto momento corresponderá al Plebiscito de salida o Plebiscito de ratificación. Una vez aprobado el Proyecto de nueva Constitución por el órgano constituyente, éste deberá ser enviado al Presidente de la República, para que convoque dentro de los tres días siguientes a un Plebiscito Nacional Constitucional, en el cual, la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta. El votar en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. La ciudadanía dispondrá de una cédula electoral, que contendrá la pregunta de aprobación o rechazo al proyecto que formule el órgano redactor. 

A partir de la promulgación del texto aprobado en este cuarto momento, quedará derogada orgánicamente la vigente Constitución Política, esto es en todo su contenido. La constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales públicos o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución. 

Consecuencia del rechazo en plebiscito de entrada y de salida. Aunque parezca reiterativo, sólo para que se reconozca sus consecuencias, de rechazarse en el plebiscito de entrada, o lo redactado por la Convención, continuará vigente la actual Constitución, ahora con visos de legitimidad que resultará difícil de debatir.

Dicho lo anterior, sólo nos cabe resaltar que Chile, a diferencia de otros países, se encuentra en el momento de mayor luminosidad que le permita ver y evaluar la realidad en que se encuentra.

El despertar social alumbró la grave distancia entre la institucionalidad y la soberanía, hasta hacerse evidente que se requiere un nuevo Pacto Social o un nuevo instrumento que efectivamente responda a la identidad de esta comunidad. La Pandemia demostró además que no sólo en Chile sino que en el mundo, el oasis neoliberal era sólo un espejismo cubierto con la brutalidad del dinero, del abuso, la corrupción, el consumismo, la fuerza de las armas y, peor que todo, la displicencia de quienes tienen la responsabilidad de conducir políticamente a la ciudadanía.

Este despertar, que me niego a llamar estallido por lo efímero que representa, con muertes, mutilaciones, abusos de poder, legalidad sobrepasada, resultó fortalecido por la lupa del Coronavirus porque se pudo ver la discriminación en la vida y la muerte, en el abuso de las filas del sistema financiero, en las burlas de los poderosos en sus helicópteros o sentados en la plaza dignidad. También la pandemia cerró las puertas de las casas, pero abrió la posibilidad de conversar, dialogar a distancia, pero presencialmente, y a ejercer por redes sociales el control de los representantes parlamentarios, terminando éstos por dar el quorum necesario para auto-salvarse económicamente en ausencia del apoyo eficiente del gobierno.

Espero que, principalmente, el despertar y el coronavirus nos permitan llegar a una Nueva Constitución donde los valores y principios sean aquellos que resultan imprescindibles para que aportemos al mundo el cuidado por la naturaleza, nos comprendamos como parte de ella, el respeto a los orígenes diversos sociales, religiosos, políticos y culturales, la participación democrática, el reconocimiento que la riqueza es fruto de quienes trabajan y no sólo de los inversionistas, que la distribución dela carga tiene mecanismos de impuestos progresivos a la riqueza y no como hasta ahora, en que el que menos recibe más aporta a los necesarios gastos de la comunidad.

Invito pues a que este Conversatorio de lo Global a lo Local, sea fructífero.

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